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DEFENSOR DEL PACIENTE: Las víctimas invisibles de coronavirus tienen el derecho inexcusable a saber la verdad

 La asociación ‘El Defensor del Paciente’ recuerda el derecho de todos los pacientes a un diagnóstico correcto en caso de enfermedad y conocer de forma fiable si están contagiados por Covid-19, así como el de sus familiares en caso de fallecimiento a saber la verdad y que en el certificado de fallecimiento o exitus se haga constar si han fallecido por coronavirus, y las causas que han llevado a su muerte, lo que desde el inicio de la alerta sanitaria y confinamiento no se está realizando debidamente.

Esa falta de previsión y de medios por las Administraciones Públicas, para un diagnóstico certero y correcto del coronavirus, está afectando a numerosos pacientes, residencias ancianos y propios sanitarios, aumentado de forma exponencial el número de casos y fallecimientos, asistiendo a un baile de cifras en el número de contagiados y muertes que no son reales, precisamente por las trabas y dificultades que se imponen por el Gobierno central y comunidades autónomas para su debido conteo y diagnóstico.

La asociación ‘El Defensor del Paciente’ está recibiendo numerosas reclamaciones y consultas, en la que familiares de fallecidos relatan la angustia y negativa a considerarlos como víctimas del Covid-19.

Las cifras oficiales de fallecidos y contagiados no se corresponden con la cifra real, ya que solo se incluyen por disposición legal los que dispusieran o dispongan de prueba analítica previa confirmatoria de Covid-19, excluyéndose así a todos aquellos fallecidos sospechosos por presentar sintomatología compatible.

La ecuación es muy sencilla, ello viene provocado por:

1º) La falta de test diagnósticos masivos Covid-19 para los pacientes, sanitarios, trabajadores y población en general, que a día de hoy seguimos sufriendo y pese estar científicamente comprobado que ayudan a controlar la pandemia. Los pacientes y familiares contagiados y los propios sanitarios nos cuentan cómo pese a los claros síntomas que presentaban de coronavirus se les niega en la mayoría de las ocasiones la práctica de un simple test, desde el mes de marzo, sencillamente porque no existe suficiente disponibilidad o por la distribución de test defectuosos Covid-19. Esto se ha corroborado aún más en las residencias de ancianos, donde han fallecido cientos de personas sin realizarles ninguna prueba ni test, abandonados a su suerte y lo que es más grave, sin ni siquiera trasladarlos a hospitales para su debida atención médica o ingresarlos en UCI, asistiendo a imágenes dantescas de cadáveres hacinados comprobado por el propio Ejército. A nuestros mayores en numerosos casos se les ha privado de una asistencia médica adecuada, siendo descartados. En la sanidad pública existe un déficit total de realización de test masivos, y pese al ofrecimiento de la sanidad privada se han intervenido, imposibilitando la práctica de los test a todo aquel que lo solicitara. España además presenta la tasa mundial más alta en contagios de sanitarios (20%), para lo cual la asociación ‘El Defensor del Paciente’ tiene una explicación sencilla, no han estado desarrollando su labor con medidas de protección adecuadas desde el inicio de la pandemia, ni se han realizado test masivos a los sanitarios, lo que ha derivado igualmente en el fallecimiento de muchos de ellos o con bajas laborales, que se pudieron haber evitado.

2º) La falta de realización de autopsias clínicas y/o pruebas mediante recogida de muestras post mortem, pese a las reclamaciones, denuncias y solicitud expresa de los familiares. Se certifica únicamente la parada cardio-respiratoria, siendo obvio que ese es siempre el final, pero no lo que ha llevado a su muerte. Ello priva a los familiares de las víctimas a su verdadero diagnóstico por la falta de test diagnósticos y de autopsias. Se ha establecido incluso instrucciones para la negativa a realizar dichas autopsias, indicando el Ministerio de Sanidad que: “Se recomienda no realizar [autopsias de COVID-19] por el riesgo biológico de contagio para los ejecutores de la misma y por el riesgo de propagación del virus. Solo se realizarán para muertes violentas”.

Los afectados y propios médicos demandaban que se especificara si hay sospecha de Covid-19 en los certificados de defunción cuando no se ha realizado el test, en base a la sintomatología descrita en la infección. En los certificados de defunción aparece la causa inmediata (fallo multiorgánico, distress respiratorio o insuficiencia respiratoria aguda y las causas intermedias como neumonía, sepsis o coagulopatía). Si no se hace constar la sospecha de fallecimiento por coronavirus, han quedado fuera de las estadísticas oficiales, quedando en un limbo jurídico, precisamente por omisión de medios (falta de diagnóstico por no realizar los test). Este caso se ha dado de forma mayoritaria en las muertes en residencias de ancianos. Si se realizara un conteo adecuado, las cifras de fallecidos por Covid-19, que actualmente están según cifras oficiales en más de 22.500 personas, se elevarían a cifras mucho mayores, por el número de fallecidos comparándolo con periodos anteriores, cifras remitidas por residencias ancianos, registros civiles y funerarias.

En la actualidad, mal y tarde, se están autorizando las primeras autopsias, con medidas adecuadas de protección, y que además van a tener una importancia capital para conocer cómo actúa el coronavirus en el cuerpo humano, y ayudar a la ciencia a combatirlo. Según expertos en la materia el virus “produce una insuficiencia respiratoria muy severa” y “afectación vascular pulmonar y la gran tendencia de formar trombos o coágulos en la circulación pulmonar, añadiendo gravedad al proceso respiratorio”.

Igualmente, algunos médicos forenses y hospitales están comenzando a incluir en los certificados de fallecimiento, como causa probable del mismo el coronavirus, y las patologías que presentaba el paciente, ante la ausencia de los medios diagnósticos que debían haberse implementado desde el inicio. Tampoco se han recogido muestras para diagnósticos post mortem de los fallecidos. No solo se está privando a todos los ciudadanos y sanitarios de conocer si están contagiados Covid-19, sino que tampoco se les está dotando de medios de protección adecuados, como es de sobra conocido (EPIS, mascarillas, guantes, etc.).

Resumiendo, la asociación El Defensor del Paciente’ denuncia esta situación, y los miles de muertos invisibles del Covid-19, que van a quedar en el limbo y sin contabilizarse en las cifras oficiales de contagiados y muertes, y sin su LEGITIMO DERECHO A CONOCER LA VERDAD, agravando aún más su sufrimiento y dolor.

Solicitamos al Gobierno que informe diariamente de las cifras estimadas de fallecimientos por Covid-19 en las que se incluyan tanto los fallecidos con prueba positiva previa como a aquellos, a los que no se les hubiera realizado, pero presentaran clínica compatible con Covid-19, obligando asimismo a las CCAA a remitir dichos datos. Igualmente, pedimos que se ordene consignar a los facultativos como causa de la muerte Covid-19, tanto en el certificado de defunción como en la historia clínica, a todos aquellos que hubieran fallecido con síntomas compatibles del Covid-19, aunque no dispusieran de previa positiva previa. Ordenándose además la realización de autopsias y recogida de pruebas post mortem a partir de este momento.

También requerimos que se siga idénticos criterios respecto a los enfermos que presenten clínica compatible, aunque no hubieran sido merecedores de analítica PCR o test confirmatorio de Covid-19, considerándolos enfermos por coronavirus y por tanto informándose diariamente como contagiados en las cifras oficiales.

 La falta de dicho diagnóstico en tiempo y forma, así como la omisión de medios, puede derivar en negligencias, en responsabilidades de las administraciones, y ha impedido a numerosos pacientes una derivación a tiempo a centros hospitalarios desde sus domicilios o residencias de ancianos, que hubiera permitido salvar sus vidas, y que el personal sanitario haya sido contagiado por coronavirus en unos porcentajes totalmente inaceptables.

En definitiva, doblemente víctimas, como afectados y por negarles el derecho a saber la verdad e incluso dificultarles su posibilidad de reclamar o de exigir sus legítimos derechos.

DEFENSOR del PACIENTE

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