EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LA CONDENA DE 150.000 EUROS A LA ASEGURADORA DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD POR LA PÉRDIDA DE VISIÓN DE UN OJO DE UNA PACIENTE TRAS CIRUGÍA MAXILOFACIAL
Con fecha 12 de febrero de 2020 se ha dictado por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo sentencia (adjunta) por la que se confirma la condena de 150.000 euros en primera instancia (sentencia adjunta) a la aseguradora del Servicio Murciano de Salud por la pérdida de visión de un ojo y otros daños provocados a una paciente durante una cirugía maxilofacial.
PÉRDIDA DE VISIÓN TRAS LA CIRUGÍA Y DEMANDA
E.S.G., natural de Murcia, tenía cuarenta años de edad. El día 08/11/2011 ingresó en el Hospital Reina Sofía de Murcia para someterse a una intervención de cirugía maxilofacial por hipoplasia maxilar superior. Tras la misma, al despertar de la anestesia, la paciente advirtió pérdida de visión en el ojo derecho.
La paciente acudió a la Asociación el Defensor del Paciente y su caso fue derivado al abogado Ignacio Martínez. Se interpuso demanda en la jurisdicción civil contra Berkley como aseguradora del Servicio Murciano de Salud. Se partía del hecho de que, puesto que la cirugía que se hizo a la paciente podía causar daños oculares y hasta la ceguera, correspondía al facultativo maxilofacial informar al respecto, cosa que no se hizo.
SENTENCIA Y RECURSO ANTE EL SUPREMO
Así lo reconoció la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Madrid: […]no consta acreditado que fuera informada de los diferentes intervenciones o tratamientos a los que podía someterse, de los riesgos, los efectos o secuelas de las distintas intervenciones que se le podían practicar e incluso de las consecuencias de la no intervención a fin de que pudiera valorar y decidir con pleno conocimiento si se sometía o no a la intervención a la que se le sometió. Desde luego, no queda acreditado que fuera informada de la posibilidad de pérdida de visión, que fue lo ocurrido…
La aseguradora Berkley recurrió esta sentencia, y ahora la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado sentencia por la que confirma la condena de 150.000 euros del Juzgado de Primera Instancia más intereses.
El letrado del procedimiento ha sido Ignacio Martínez, abogado especialista en derecho sanitario y adscrito a la Asociación el Defensor del Paciente.
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