Por sentencia –adjunta– de 7 de noviembre de 2024, el JUZGADO CENTRAL DE LO CONTENCIOSO ADVO 4 estima la demanda de un socio de AVITE, ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA TALIDOMIDA DE ESPAÑA, y condena al IMSERSO a pagarle 748.000 euros de principal más intereses legales.
El caso ha sido llevado por el letrado IGNACIO MARTÍNEZ de la Asociación ‘EL DEFENSOR del PACIENTE’ y de AVITE.
Estamos ante un hito más del proceso jurídico de los últimos 14 años al que ha dado lugar la tragedia de la talidomida en España. Haciendo una síntesis muy escueta, luego que la STS, Pleno de la Sala de lo Civil, de 20-10-15, revocase por prescripción la condena a la farmacéutica Grünenthal -responsable material del daño- de indemnizar a los afectados españoles, se aprobó la D.A. 56ª de la Ley 6/2018 que ordenaba al Gobierno pagarle una ayuda a las víctimas. Incomprensiblemente tal cosa no se puso en marcha, pese a las múltiples denuncias de Avite, hasta cinco años después con la aprobación del RD 574/23, tiempo durante el que murieron varios afectados sin llegar a verse auxiliados con el apoyo económico que necesitaban y al que tenían derecho -hablamos de personas de avanzada edad sin extremidades y otros graves daños-. El problema es que el articulado de esa norma restringía injustamente el número de beneficiarios a aproximadamente cien -que ya han cobrado la ayuda-, es decir la mitad de los socios de Avite, que eran los que contaban con determinado informe de un comité creado al efecto. De esta manera se dejaba injustamente fuera de la percepción de las ayudas a otros aproximadamente cien afectados que, sin embargo, sí contaban con una resolución administrativa anterior por la que el propio Estado los reconocía como víctimas por la talidomida. Ante este dislate jurídico Avite, a través también de su letrado Ignacio Martínez, interpuso demanda ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Advo, basada en que un mismo hecho no puede ser y no ser al mismo tiempo para el Estado, demanda que fue estimada por STS 1120/2024 de 25 de junio de 2024 -corregida por ATS 9/7/24, ambos también adjuntos-, que venía a reconocer que los afectados que ya habían sido reconocidos por anteriores resoluciones administrativas también debían ser beneficiarios de las ayudas.
Tras esta STS 1120/2024 cada uno de estos aproximadamente cien afectados socios de Avite ha tenido que reclamar su derecho ante los juzgados centrales de lo Contencioso Advo demandando al Imserso, como administración encargada de pagar las ayudas, siendo que la primera de las sentencias que lo reconoce es la adjunta. En adelante se irán dictando el resto.
Este pleito -así como el del resto de afectados- ha sido llevado por el letrado IGNACIO MARTÍNEZ, especialista en derecho sanitario adscrito a la Asociación EL DEFENSOR DEL PACIENTE y abogado de AVITE.
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