UN JUZGADO DE TENERIFE CONDENA AL SERVICIO CANARIO DE SALUD A INDEMNIZAR A UNA NIÑA POR SUFRIR ISQUEMIA MEDULAR AL SER OPERADA Se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Tenerife (ver adjunta), por la…
Con fecha 2 de noviembre de 2021 se ha dictado resolución del director del Servicio Murcian de Salud (adjunta), por la que se estima reclamación patrimonial previa, y se reconoce el derecho de tres hermanas a ser indemnizadas con 61.353 euros porque la muerte de su madre fue consecuencia de una defectuosa asistencia sanitaria. El abogado del procedimiento ha sido Ignacio Martínez.
La Sra. M. L. O. P., de 82 años, y residente en Murcia, ingresó el 26/10/2017 en el Hospital Morales Meseguer de dicha capital para una intervención de colecistectomía programada, siendo que tras la misma se produjo una mala evolución por la que tuvo que ingresar en UCI hasta su fallecimiento el 28/10/17 de shock séptico y fracaso multiorgánico.
La familia acudió a la Asociación el Defensor del Paciente, que derivó el caso al letrado especialista Ignacio Martínez. Tras el estudio pericial se determinó que la asistencia médica había sido contraria a la lex artis, ya que tras la cirugía se apreciaron en la paciente síntomas como hipotensión y alteraciones analíticas -leucocitosis y otras- que revelaban un cuadro séptico grave ante el cual se actuó de manera completamente negligente, dejando pasar el tiempo con retrasos acumulados que conllevaron la evolución incontrolada de la infección, siendo que para el momento en que se confirmó que la paciente padecía un sepsis ya fue demasiado tarde para remontar su estado.
Por estos hechos se interpuso por las tres hijas de la paciente reclamación patrimonial contra el SMS en septiembre de 2018, y pasado el tiempo sin que se resolviera, ya en 2021 demanda contra el mismo ante el Tribunal Superior de Justicia. Durante el procedimiento judicial el SMS ha dictado la resolución antes citada en la que se da la razón a las reclamantes con, entre otros, los siguientes argumentos:
Por sentencia dictada el 23 de septiembre de 2021 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (adjunta), se confirma la de primera instancia que condenaba a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias -perteneciente a la Junta de Andalucía- a indemnizar a una viuda y a sus hijos por la muerte del que fue cónyuge y padre, y ello porque el óbito se produjo a resultas de una actuación negligente de la citada empresa pública de emergencias.
El caso se remonta a 2012, cuando el Sr. Z.U.M, de 65 años y residente en Almería, comenzó en su domicilio con un cuadro de mareo, dolor lumbar y disnea. En ese preciso momento (12: 34 horas) se llamó al servicio de emergencias 061 solicitando asistencia médica urgente. Por parte del centro de coordinación de emergencias se restó importancia al cuadro. No obstante, y ante la persistencia de los síntomas se efectuó otra llamada minutos después, en concreto a las 12:46 horas, donde se volvía exponer las dolencias y que el paciente estaba ‘tirado en el suelo y que tiempo atrás había sufrido un ataque cardiaco previo’. Es ese instante hubo un fallo de coordinación del centro de emergencias que condujo a que no se activaran otros recursos disponibles (ambulancias asistenciales), y en consecuencia se demorara injustificadamente la asistencia médica urgente. De hecho, a las 15:07 la familia llamó de nuevo al centro de emergencias indicando que el paciente ya no respiraba, y aun así no llegó al domicilio del paciente una ambulancia hasta las 16:00. Lo único que pudo hacer el facultativo que acudió fue certificar el fallecimiento.
Por sentencia de apelación (ver adjunta) de fecha 22 de diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada confirma la condena al SAS a indemnizar a los familiares de un paciente de 29 años por su muerte. Hace dos años la sentencia de primera instancia del juzgado de lo contencioso administrativo 3 de Almería (ver adjunta), fijaba la cuantía indemnizatoria en 118.953 euros más intereses, siendo que la de apelación la reduce, injustamente, a 50.000 euros.
Si bien la asistencia médica que se denunció es compleja, en lo relevante consistió en que J.M.L.M., de 29 años de edad y residente en Almería, fue ingresado el 14/12/2011 en el Hospital Torrecárdenas de Almería por una pancreatitis aguda, y tras ello fue dado de alta sin programarle cirugía, siendo que tras una recidiva fue de nuevo intervenido hasta que, tras una tórpida evolución, falleció el 20/04/2012.
Con fecha 9 de diciembre de 2020 se ha dictado sentencia por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Majadahonda (ver adjunta), por la que se condena a la aseguradora del Hospital de Torrevieja a indemnizar a la madre y hermana de un niño de dos años con una suma de 180.000 euros por el fallecimiento de aquel por una asistencia médica contraria a la lex artis. El abogado del procedimiento ha sido Ignacio Martínez.
Nota: La sentencia condena a un principal de 140.000 euros, pero esto se corresponde con un mero error material porque hay estimación íntegra de la demanda, en la que se solicitaban 150.000 euros, como consta al principio de la propia sentencia -ya se ha pedido formal corrección al juzgado-. A esos 150.000 euros hay que añadirles el importe de las costas e intereses sancionadores, lo que aproximadamente suponen los 180.000 euros citados.
La Sra. N.A., de nacionalidad rusa y residente en Torrevieja, acudió entre los días 18 de octubre y 27 de noviembre de 2018 en varias ocasiones a los servicios de urgencias del Centro de Salud Rojales II y del Hospital de Torrevieja (Alicante) con su hijo S.P., de dos años de edad, siendo que tras sucesivos errores médicos el niño tristemente falleció el 27/11/18 de edema cerebral por encefalomielitis.
La afectada acudió a la Asociación el Defensor del Paciente, que derivó el caso al letrado Ignacio Martínez, e interpuso demanda contra la aseguradora los centros sanitarios implicados. La sentencia, de impecable factura, estima íntegramente los argumentos y peticiones de la demanda:
La Asociación el Defensor del Paciente informa de que con fecha 28 de octubre de 2020 se ha dictado sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (ver adjunta) por la que se condena a la Generalitat Valenciana a indemnizar con 60.000 euros más intereses desde el 2/9/16 a un paciente de Orihuela por la pérdida de un testículo. El abogado del procedimiento ha sido el especialista Ignacio Martínez.
Con fecha 2 de marzo de 2015 M.G.P.D., de 39 años y vecino de Orihuela, Alicante, ingresó en el servicio de urgencias del Hospital Vega Baja de Orihuela a las 13.15 horas por dolor testicular y náuseas desde las 11 horas. Fue atendido a las 13.29 horas en triaje y, a pesar de que la urgencia se trataba de un escroto agudo, en el que es preciso sospechar torsión testicular, y de que ésta requiere una asistencia quirúrgica urgente con el fin de detorsionar el testículo para evitar su isquemia y necrosis —cosa que ocurre en horas si no se actúa—, no se ordenó analítica hasta las 16.09 horas. Y no se prescribió ecografía hasta las 19.20 horas, prueba que informó efectivamente de hallazgos sugestivos de torsión testicular. A pesar de ello, el paciente no fue derivado a urología hasta las 20.44 horas. Fue intervenido quirúrgicamente de “urgencia” a las 21 horas. Lamentablemente, dado el tiempo transcurrido desde los primeros síntomas hasta la intervención, no se pudo evitar la pérdida del testículo.
Por sentencia (ver adjunta) de 23 de junio de 2019 la AP Madrid confirma la de 4 de octubre de 2019 del juzgado de primera instancia 36 de Madrid, que estimaba íntegramente la demanda de M.C.C y condenaba a la aseguradora médica Segurcaixa Adeslas a indemnizarla con 60.000 euros, intereses sancionadores y costas, por daños con ocasión en una asistencia médica.
Los hechos que han dado lugar a esta sentencia resultan realmente insólitos. El 21 de septiembre de 2010, cuando MCC tenía 17 años, se le diagnosticó un tumor en el cerebro. Fue intervenida en Sevilla el 18-1-2011 mediante craneotomía para su extirpación. Posteriormente se le dio el alta con la “confirmación” de la extirpación del tumor. Confiada, reanudó su vida normal, pero un hallazgo casual reveló el 30 de septiembre de 2011 que en absoluto se había extirpado el tumor. Al contrario, este permanecía según las imágenes con igual tamaño y localización.
Por sentencia (ver adjunto) de 16 de diciembre de 2019 del Juzgado de Primera Instancia nº 50 de Madrid, se condena a Berkley, como aseguradora del SMS, a indemnizar a un padre por la encefalopatía de su único hijo durante los dos años que vivió, así como por su posterior muerte. La indemnización de la condena por los daños y muerte del bebé es de 1.000.000 de euros sumando 416.000 euros de principal más intereses sancionadores desde 2011.
Doña C. F. B., cónyuge del actor, ingresó en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia el día 19 de Abril de 2011 para dar a luz. En esa fecha tenía 35 años. Era matrona ejerciente en el mismo hospital. Tras diversas incidencias el parto finalizó mediante cesárea urgente por pérdida de bienestar fetal. Nació un varón que ingresó en la unidad de cuidados intensivos por encefalopatía hipóxico-isquémica por sufrimiento fetal agudo.
A partir de lo anterior los padres experimentaron el doloroso día a día de un niño con esta gravísima invalidez. Hubo múltiples ingresos hospitalarios. También asistencia especializada las 24 horas del día para mantenerlo con vida, etc. La madre falleció de súbita enfermedad en agosto de 2012. A causa de esto el padre quedó como único sostén de la criatura. En 2014 el pequeño también falleció por la propia encefalopatía.
Por sentencia de 27 de noviembre de 2019 (ver adjunto), el Tribunal Superior de Justicia de Murcia condena a la Consejería de Sanidad de Murcia a indemnizar con de 70.000 euros —entre principal e intereses— a la viuda e hija única de un paciente fallecido tras un deficiente postoperatorio tras cirugía de cáncer de colon.
Don Pedro López Belluga —por expreso deseo de la familia se cita su nombre— tenía entonces 68 años. Se le intervino el día 30/11/2016 de neoplasia de colon derecho en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Sin embargo, el 05/12/2016 presentó un cuadro de dolor abdominal intenso acompañado de vómitos. Se le asistió a domicilio y posteriormente trasladó a urgencias de dicho hospital. El 06/12/2016 se le realizó una TAC de abdomen con contraste intravenoso y endorrectal. En ella «se descartó» indebidamente una perforación secundaria a la cirugía. El 08/12/2016 hubo de acudir de nuevo a urgencias ya que persistía el cuadro de dolor y vómitos. En esta ocasión quedó ingresado ante las sospechas de íleo paralítico. Cabe señalar que durante este ingreso se le realizó una analítica que reflejaba leucocitosis y PCR elevada.
Por sentencia (ver adjunto 1) de 9 de octubre de 2019 del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Madrid, se estima la demanda de R.S., I.S. y su hijo L.S.S. Con ello se condena a Berkley, como aseguradora del Servicio Murciano de Salud, a una indemnización por el síndrome de intestino corto extremo de un neonato con 200.00 euros al niño y 60.000 a los padres, más intereses sancionadores desde 2009, lo que supone aproximadamente unos 700.000 euros.
El 10/04/09 M.I.S.R. tenía 39 años. Dio a luz de embarazo gemelar en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia. A uno de sus hijos se le ingresó en neonatos por prematuridad y bajo peso. En la exploración inicial el niño estaba pálido y desnutrido. Tenía el abdomen blando, depresible y palpación de masa. Por ello se solicitó una ecografía abdominal urgente. A las 12 horas de vida había tenido 3 vómitos, pero no se realizó la ecografía abdominal. Durante el ingreso el niño permaneció con regular tolerancia alimenticia. Presentó vómitos y mala evolución. A pesar de ello se le dio el alta con 18 días de vida con la oposición de los padres, que lo encontraban desnutrido y con muy mal aspecto.
Por sentencia (ver adjunto) de 4 de octubre de 2019 del Juzgado de Primera Instancia 36 de Madrid, se estima íntegramente la demanda de M.C.C., con la consecuente condena de 60.000 euros por un tumor cerebral no extirpado por los servicios médicos de la aseguradora médica Segurcaixa Adeslas, más intereses sancionadores y costas.
Los hechos que han dado lugar a esta sentencia resultan realmente insólitos. El 21 de septiembre de 2010 MCC tenía 17 años. Se le diagnosticó un tumor en el cerebro. Fue intervenida en Sevilla el 18-1-2011 mediante craneotomía para su extirpación. Se le dio el alta a la paciente con la «confirmación» de la extirpación del tumor. Confiada, reanudó su vida normal. Sin embargo, un hallazgo casual reveló el 30 de septiembre de 2011 que en absoluto se había extirpado el tumor. Este, además, permanecía según las imágenes con igual tamaño y localización.
UN JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ALMERÍA CONDENA A LA EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A QUE INDEMNICE CON 216.404 € A LA VIUDA E HIJOS POR LA MUERTE DE UN PACIENTE
La Asociación el Defensor del Paciente informa de que por sentencia dictada el 21 de marzo de 2019 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Almería (VER SENTENCIA) se condena a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias -perteneciente a la Junta de Andalucía- a que indemnice a una viuda y a sus hijos por la muerte del que fue cónyuge y padre, y ello porque el óbito se produjo a resultas de una actuación negligente de la citada empresa pública de emergencias.
Por sentencia dictada el 15/06/2018 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Valencia (ver adjunto), se condena a la Generalitat Valenciana con una indemnización de 93.000 € a la familia (cónyuge y tres hermanos) de la que fue esposa y madre, fallecida por un ictus no diagnosticado a tiempo.
En enero 2014 la finada Sra. E.A.L tenía 65 años de edad y residía en Vigo. Acudió al servicio de urgencias del Hospital de Torrevieja (Alicante) por presentar un cuadro súbito de intensa cefalea. Esta había sido de más de cuatro horas de duración. Además, presentaba mareo, vómitos y pérdida de conciencia que le había incluso provocado una caída. El facultativo constató además hipertensión (170/100). Sin embargo, este no procedió a investigar el origen del cuadro y no acordó realizar prueba diagnóstica salvo un análisis de sangre. Cursó su alta con el diagnóstico de mareo y con prescripción de Neubrofén.
Con fecha 13 de enero de 2017 se ha dictado sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (ver adjunto), por la que se estima la demanda doña M.O.C. y se condena a la Consejería de Sanidad de Valencia a indemnizarla con 100.000 euros por su diagnóstico tardío de cáncer de colon.
La paciente, natural de Madrid, tenía entonces 63 años. Desde el 17 de febrero de 2011 acudió en diversas ocasiones a la consulta de su médico en el CS de Guardamar del Segura. El motivo fue fatiga y otros síntomas. Por esta razón recibió tratamiento de anemia ferropénica. Asimismo, una analítica de sangre en heces dio positivo el día 17/06/2011. Pero el médico no prescribió ninguna prueba más y se limitó a tratar la anemia. Esto lo hizo sin excusa alguna y con infracción de la más elemental lex artis médica y medida de cuidado, pues incluso luego el mismo médico reconoció que, ante dicho resultado positivo, se ha sospechar cáncer de colon.
Con fecha 20 de septiembre de 2016 se ha dictado sentencia por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (se aclara que la sentencia propiamente es de 19 de febrero de 2016, pero es en septiembre cuando se ha corregido un error material de la misma; ver sentencia adjunta y auto que la corrige), por la que se estima la demanda de los cuatro hijos de J.A.G., y se condena al Servicio Murciano de Salud a una indemnización de 70.765 euros más intereses legales por el diagnóstico tardío de cáncer de colon que causó su muerte.
Doña J. A. G. tenía 72 años de edad y era vecina del municipio murciano de Totana. Sufrió diversos episodios de caídas domiciliarias, pérdida de apetito y peso, náuseas, vómitos, distensión abdominal y estreñimiento desde primeros de 2009. Por esto la asistió en diversas ocasiones su médico de cabecera y los facultativos del Hospital Rafael Méndez de Lorca y de la Arrixaca. El 27-02-09, debido a que la paciente tenía el intestino paralizado, los facultativos informaron a la familia de que quizá había que operar para saber qué le producía la obstrucción. Sin embargo, finalmente se adoptó una actitud conservadora con aplicación de enemas.
Por sentencia (ver adjunto) de 13 de mayo de 2016 de la Audiencia Provincial de Madrid, se estima el recurso de apelación y con ello la demanda de V.M.M., y se condena a Berkley como aseguradora de la sanidad pública murciana a una indemnización de 100.000 euros más intereses sancionadores por la muerte de su marido en el Hospital de Cieza.
Don J.A.C.T. tenía 78 años, estaba casado con cuatro hijos y era vecino de Cieza. Se le detectó anemia severa con fecha 27-8-12. Por ello se lo envió a digestivo del Hospital de Cieza para estudio. Allí se le diagnosticó de neoplasia de sigma, por lo que entró en lista de espera para tratamiento quirúrgico. En espera de la intervención sufrió empeoramiento por el que recibió transfusiones. Se le intervino el 19-10-12, a pesar de que no consiguió completar la preparación intestinal por distensión abdominal. Presentó dolor abdominal y vómitos y no se puso ni un segundo ningún enema de limpieza.
La Asociación el Defensor del Paciente informa que por sentencia (VER SENTENCIA) de 13 de mayo de 2014 del Juzgado de lo contencioso administrativo Nº2 de Albacete, se estima la demanda y se condena al SESCAM y su aseguradora ZÚRICH a que indemnice a Doña N.Z.P. con 120.000 euros más intereses.
Se ha llegado a un acuerdo extrajudicial con la aseguradora con el que el SMS indemniza a las tres hijas de Doña E.P.A. en la cantidad de casi 62.000 euros por la muerte de su madre a causa del ictus cerebral no diagnosticado ni tratado a tiempo. Con esto se pone fin al procedimiento ordinario seguido ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Doña E.P.A. tenía 51 años de edad. El 19/11/2009 acudió al Hospital Rafael Méndez de Lorca por sufrir cervicalgia, dolor de cabeza intenso con sensación de mareo, sudoración fría, náuseas y vómitos y se le diagnosticó cervicalgia y cefalea. Ya entonces el facultativo no descartó tener que pedir TAC craneal, aunque no lo hizo. Al día siguiente se presentó con el mismo cuadro clínico en su centro de salud. Allí se le diagnosticó cervicalgia y se recomendó reposo.
El Juzgado de los contencioso administrativo nº 1 de Sevilla estima la demanda de Don E. H. M. y condena al SAS y a su aseguradora a indemnizarlo con 35.000 euros por el retraso en detectar un tumor cerebral.
El paciente acudió a la Asociación El Defensor del Paciente, que derivó su caso al abogado Ignacio Martínez. Se presentó en mayo de 2006 reclamación patrimonial ante el SAS que se desestimó en 2009. Contra dicha desestimación expresa se interpuso demanda ante el juzgado contencioso administrativo de Sevilla. En ella se denunciaron, en síntesis, los siguientes hechos:
En octubre de 2004 el demandante empezó a sufrir pérdida de equilibrio, mareos, acúfenos y sensación de que los objetos se movían. Por ello acudió sin demora a su médico de cabecera en el Centro de Salud de Almería. Este lo derivó al especialista de ORL con un pase preferente. Sin embargo, el otorrino le diagnosticó, sin pruebas clínicas, otosclerosis.
Ante la gravedad de los síntomas y guiado por su intuición el paciente decidió ir a una clínica privada en Granada. Allí con una simple RM le diagnostican el 8 de abril de 2005 un tumor cerebral (neurinoma del VIII par). Fue intervenido quirúrgicamente del mismo mediante exéresis vía retrosigmoidea derecha el 15/6/05 y dado de alta el 13 de julio siguiente. Presentaba pérdida de audición en un oído, problemas en un ojo y parálisis facial.
El 28 de febrero de 2011, con la compañía de seguros Zúrich, como aseguradora del Servicio Murciano de Salud SMS), se ha firmado un acuerdo indemnizatorio de 70.000 euros para Doña JLGD y sus hijos tras la muerte por hemorragia no diagnosticada de Don JUAN RUIZ LÓPEZ. Se dice aquí su nombre completo por expreso deseo de su familia.
Juan Ruiz tenía 69 años y no tenía antecedentes médicos de interés. El 10/05/2009 acudió a Urgencias del Hospital Rafael Méndez de Lorca aquejado de un fuerte dolor abdominal, náuseas y vómitos. Allí le realizaron analítica de sangre y orina, radiografía y electrocardiograma. El cirujano informó a la familia de que observaba líquido en el abdomen, pero que no era sangre ni pus. Con todo, dijo que no era suficiente para tener que intervenir al paciente. Por ello le dio el alta a las 15:30 horas de la tarde con el mismo dolor con el que entró. Estaba muy pálido y sin ningún tratamiento. A las 23:30 h muere en su casa. Según informó la autopsia que se le realizó, por una hemorragia secundaria a ruptura de la aorta abdominal.
Con fecha del 15 de febrero de 2011, se ha firmado un acuerdo con la compañía de seguros Zúrich, como aseguradora del SERVICIO MURCIANO DE SALUD con una indemnización a Doña B. M. S. e hijos de 170.000 euros por la muerte por peritonitis de su marido Don E. M. C. a causa de una mala praxis médica.
El 06/10/06 el paciente E.M.C. tenía 50 años. Ese día se sometió a una colecistectomía laparoscópica. La operación se realizó en el C. M. V. del A. de Lorca S.A, en funciones de centro médico concertado del SMS.